Amenazada la libertad de investigación sobre el derrame

Publicado online el 28 de julio de 2010 | Nature 466, 538 (2010) | doi:10.1038/466538a

Amenazada la libertad de investigación sobre el derrame

Los científicos reclaman datos abiertos e imparciales sobre la financiación mientras BP y algunas agencias gubernamentales contratan a investigadores.
Amanda Mascarelli

[ Los animales están sufriendo en el Golfo de México. S. Gardner / Reuters ]

Comenzó con una historia en el Press-Register de Mobile, Alabama. El 16 de julio, el periódico informó de que el gigante petrolero BP, que no estaba pasando por su mejor momento, estaba fichando científicos a toda prisa para obtener datos de la empresa y ayudar a su defensa en los casos derivados del derrame de Deepwater Horizon. La trampa era que esos lucrativos contratos también restringían la libertad de los científicos para publicar sus investigaciones. En una semana, los titulares de todo el mundo acusaban a BP de “silenciar” a los científicos.

Pero los investigadores del Golfo de México describían una situación más compleja. Los científicos, dicen, están atrapados en medio de una lucha entre BP y el gobierno federal para reunir a testigos expertos. Esta prisa se debe a la Evaluación de Daños de Recursos Naturales (EDRN), un proceso definido por la ley federal de Estados Unidos, según el cual los responsables del derrame, junto con agencias estatales y federales, deben recabar datos para evaluar el impacto ambiental del accidente. Las agencias gubernamentales suelen confiar en sus propios científicos, mientras que las partes responsables consultan con las empresas que tienen sus propios especialistas, afirmó Michael Wascom, abogado de dirección costera y oceanográfica de la Universidad Estatal de Louisiana (UEL) en Baton Rouge. El tamaño de este derrame no tiene precedentes; sin embargo, se está recurriendo cada vez más a científicos académicos.

Puesto que la EDRN es parte de un proceso legal, los resultados de los científicos no están públicamente disponibles. “Cuando se recabas datos para la EDRN y aceptas analizarlos, básicamente excluyes la posibilidad de publicar estos datos puesto que se van a utilizar en casos judiciales y están sujetos a secreto de sumario”, declaró Ian MacDonald, oceanógrafo de la Universidad Estatal de Florida, Tallahassee.

Algunas universidades se han molestado por estas restricciones. A principios de junio, los abogados de BP contactaron con la Universidad del Sur de Alabama en Mobile, para firmar contratos con los científicos del Departamento de Ciencias Marinas. Según Russ Lea, vicepresidente de investigación de la universidad, los términos que sugirió BP sonaban “muy desfavorables y poco transparentes” con respecto a las libertades académicas. Los datos recogidos por los científicos contratados serían confidenciales y no se podrían publicar durante tres años, afirmó Lea. “Nuestra respuesta fue que estábamos encantados de colaborar con BP o con cualquier otro, pero con plena libertad académica”, declaró. Nunca más volvieron a saber de los abogados de BP. Sin embargo, Lea añadió que el deseo de BP de contratar a expertos no es especialmente destacable, sino que sucede en todos los grandes juicios.

La National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) mantiene una posición similar en sus contratos para la EDRN. “No contratamos a nadie que se niega a firmar un acuerdo de confidencialidad y puede poner en peligro el proceso de EDRN”, comentó su portavoz Rachel Wilhelm. Pero añadió que, el 8 de julio, la NOAA decidió renunciar a parte de los acuerdos y permitir a los científicos publicar sus datos. “La publicación de datos científicos preliminares de la EDRN se hace muy rara vez, pero se decidió hacer pública esta información en aras de la transparencia y debido al interés suscitado por este derrame particular”, declaró Wilhelm.

Los abogados de BP también quisieron contratar al Laboratorio de Investigación Gulf Coast, de la Universidad de Southern Mississippi. Cuando la administración del laboratorio rehusó, BP trató de contactar con cada uno de los investigadores; entre ellos, Joe Griffitt, toxicólogo acuático. Griffitt afirmó que él fue uno de los seis miembros que firmaron un contrato con BP para evaluar los daños y diseñar de su plan de respuesta a los derrames. “Pensamos que podíamos hacer algo bueno asegurándonos de que hechos científicos sostenían su plan”, declaró.

Griffitt afirmó que los investigadores indicaron específicamente en sus contratos que no admitirían restricciones sobre la publicación de investigaciones relacionadas con el derrame. Sin embargo, después de unos días de reflexión y debate con los abogados de BP, se dieron cuenta de la consultoría para BP les impediría trabajar para agencias federales durante el proceso de EDRN, lo que aumentó su preocupación sobre si tampoco podrían solicitar fondos federales para investigación. Entonces los investigadores renunciaron a sus contratos por unanimidad, afirmó Griffitt.

Mark Salt, portavoz de BP, aseguró que la compañía tiene contratos con “más de una docena” de investigadores expertos en la región y que les ha pedido que “traten la información como confidencial”. Pero, añadió Salt, “BP no mantiene que los datos ambientales sean confidenciales, ni limita a los académicos a hablar de datos científicos”. Sin embargo, Salt admitió que “algunos de los contratos entre nuestros abogados y los expertos universitarios contienen una restricción de tres años sobre la publicación. La intención de BP es eliminar dicha restricción para que todos los expertos universitarios sean contratados en los mismos términos”.

El coste de apertura
Varios científicos contactados por Nature afirmaron que este episodio refleja la falta de financiación para investigaciones sobre derrames independientes de la EDRN. “Necesitamos obtener información contrastada en la literatura científica”, declaró MacDonald.

BP ha prometido 500 millones de dólares en fondos de investigación a través de su Iniciativa de Investigación Golfo de México; de éstos, 30 millones ya se ha dividido entre varias instituciones de la costa del Golfo independientes de la EDRN. La National Science Foundation ha otorgado más de 3 millones de dólares en fondos de respuesta rápida para la investigación por derrame de petróleo, y el Louisiana Sea Grant, administrada por la NOAA, ha ofrecido 100.000 dólares. Pero estas cantidades no son suficientes para afrontar la envergadura del problema, aseguran los expertos. El coste de un buque con vehículo robótico ronda los 50.000 dólares diarios, afirmó Robert Carney, oceanógrafo biológico de la UEL.

“Necesitamos una fuente de financiación federal independientemente de la EDRN –añadió Chris D’Elia, decano de la Escuela de Costas y Medio Ambiente de la UEL–. El gobierno federal está abdicando de lo que creo que es un papel crítico para proporcionar una oportunidad de financiar investigación imparcial revisada por pares.” Wilhelm aseguró que la NOAA está revisando la cuestión de la financiación a largo plazo para los estudios de derrame y evaluando “qué más se necesita para obtener un conocimiento científico más profundo de los daños en el Golfo”.